Normas y disposiciones que redefinieron la seguridad electrónica en 2025: una recopilación clave para el sector

El 2025 marcó un punto de inflexión para el sector de la seguridad electrónica en México, no por la aparición de una gran reforma única, sino por la aplicación más rigurosa y transversal de normas ya existentes. A lo largo del año, autoridades, aseguradoras, administraciones corporativas y organismos de supervisión comenzaron a exigir mayor formalidad en la operación de los sistemas de seguridad, colocando el énfasis en su funcionamiento real, su mantenimiento documentado y su capacidad para generar evidencia verificable.

Este endurecimiento normativo se dio en un contexto respaldado por información pública. Las estadísticas oficiales sobre percepción de inseguridad, incidencia delictiva y gestión institucional evidenciaron que el riesgo en espacios urbanos, comerciales e industriales sigue presente, aun cuando la infraestructura tecnológica ha crecido. Como consecuencia, la seguridad electrónica dejó de evaluarse únicamente como una inversión tecnológica y pasó a entenderse como un componente regulado de la operación empresarial.

Estadística pública y presión regulatoria en 2025

Los datos oficiales publicados durante 2025 jugaron un papel determinante en la agenda regulatoria. El INEGI, mostró que la percepción de inseguridad en ciudades mexicanas se mantuvo elevada durante el año. Este escenario reforzó la necesidad de revisar no solo la cobertura de los sistemas de seguridad, sino su efectividad operativa.

De manera paralela, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) continuaron señalando una alta incidencia de delitos patrimoniales, como robos a negocio y a instalaciones, en zonas urbanas e industriales. Estos datos confirmaron que la sola presencia de sistemas de seguridad no garantiza la reducción del riesgo si dichos sistemas no operan bajo estándares técnicos claros y sostenibles.

Este contexto estadístico influyó directamente en la forma en que se interpretaron y aplicaron disposiciones legales ya vigentes. Durante 2025, se observó una mayor exigencia en tres ámbitos fundamentales. El primero fue la responsabilidad operativa: las organizaciones que declaran contar con sistemas de seguridad deben demostrar que estos funcionan de manera continua. El segundo fue la documentación técnica, donde comenzaron a solicitarse con mayor frecuencia bitácoras de mantenimiento, reportes de servicio y registros de eventos. El tercero fue la integridad de la información, especialmente en sistemas que generan registros de accesos o incidentes, alineados a los criterios de protección de datos personales establecidos por autoridades competentes.

En este escenario, la estadística pública dejó de ser un simple indicador de contexto y se convirtió en un elemento que orienta la aplicación práctica del marco normativo, elevando el estándar esperado para la seguridad electrónica.

Cambios normativos y efectos prácticos en la seguridad electrónica

Uno de los ajustes más relevantes observados en 2025 fue la formalización del mantenimiento como requisito operativo. Sin necesidad de nuevas leyes específicas, la combinación de disposiciones sobre responsabilidad civil, continuidad operativa y prevención de riesgos llevó a que el mantenimiento documentado se volviera indispensable. En auditorías, revisiones de aseguradoras y procesos internos, la ausencia de pólizas activas o evidencia de revisiones técnicas comenzó a interpretarse como un incumplimiento.

Asimismo, se reforzó la atención sobre el cumplimiento de normas técnicas aplicables a instalaciones de seguridad. Aspectos como respaldo energético, señalización, condiciones de instalación y funcionamiento continuo cobraron mayor relevancia práctica. Durante 2025, diversas evaluaciones dejaron claro que un sistema mal instalado o sin supervisión periódica pierde validez operativa, aun cuando el equipo sea técnicamente adecuado.

Otro cambio significativo fue la incorporación de la seguridad electrónica en procesos formales de auditoría y compliance. Cada vez más organizaciones integraron revisiones periódicas de sus sistemas de seguridad dentro de sus controles internos, equiparándolos a otros sistemas críticos del negocio. Este movimiento respondió a casos documentados donde incidentes derivaron en pérdidas económicas o conflictos legales debido a la imposibilidad de demostrar que el sistema estaba operativo al momento del evento.

Desde el ámbito institucional, también se promovió una mayor coordinación entre infraestructura privada y estrategias públicas de atención a emergencias. Sin imponer esquemas obligatorios de integración, distintos gobiernos locales impulsaron lineamientos y mejores prácticas para que los sistemas privados coexistieran de forma ordenada con los mecanismos públicos de reacción, reforzando la idea de un ecosistema compartido de prevención.

Finalmente, 2025 dejó un mensaje claro para el sector: la responsabilidad del cumplimiento recae en el usuario final. Delegar la instalación o el mantenimiento a un proveedor no exime a la organización de supervisar, documentar y validar la operación de sus sistemas. Este cambio de enfoque obligó a muchas empresas a profesionalizar su gestión de seguridad, asignando responsables internos, estableciendo métricas y revisiones periódicas que antes no existían.

El 2025 redefinió la seguridad electrónica en México no a través de una sola reforma, sino mediante la aplicación más estricta y consistente del marco normativo existente, respaldada por datos oficiales del INEGI, registros del SESNSP y criterios de autoridades regulatorias. La estadística pública evidenció que el riesgo persiste, y la respuesta institucional fue elevar la exigencia sobre operación real, mantenimiento documentado y cumplimiento verificable.

De cara a 2026, las organizaciones deberán asumir que la seguridad electrónica forma parte integral de sus obligaciones normativas. Instalar equipos ya no es suficiente; será indispensable demostrar su funcionamiento, su trazabilidad y su alineación con las disposiciones legales vigentes. En este nuevo escenario, la seguridad deja de ser un tema exclusivamente tecnológico y se consolida como un pilar regulado de la operación empresarial.

Si tu empresa busca mantenerse alineada a las exigencias que se consolidaron en 2025 y fortalecer su preparación para 2026, lo más recomendable es consultar con expertos en seguridad electrónica para revisar cumplimiento, documentación, mantenimiento y operación real de tus sistemas, antes de que una auditoría, un siniestro o una revisión contractual exponga brechas evitables.