Reforma educativa y videovigilancia: hacia un nuevo modelo de protección escolar en México

En noviembre de 2025 se presentó en México una propuesta de reforma a la Ley General de Educación que busca obligar a las escuelas públicas y privadas a instalar sistemas de videovigilancia conectados a centros de comando, con el fin de fortalecer la seguridad de alumnos, docentes y personal operativo.

Esta iniciativa surge luego de que más de 14,000 incidentes escolares fueran reportados en 2024, entre robos, daños a instalaciones y actos de vandalismo, de acuerdo con datos recopilados por autoridades estatales y municipales. Aunque las cifras varían por región, el patrón es consistente: las escuelas carecen de infraestructura de monitoreo y protección física que permita reaccionar de forma inmediata ante eventos que ponen en riesgo su operación diaria.

El valor operativo de la videovigilancia en los entornos educativos

La seguridad escolar no puede depender únicamente de rondines, personal administrativo o vigilancia tradicional. Los planteles son espacios complejos donde convergen menores de edad, maestros, colaboradores, proveedores y visitantes. Esto genera zonas vulnerables que requieren observación constante: accesos principales, áreas comunes, patios, pasillos, zonas de carga y descarga, laboratorios y oficinas. Sin una infraestructura de videovigilancia que opere de manera continua, el control de estas áreas se vuelve reactivo y, en muchos casos, insuficiente.

La propuesta de reforma contempla que los sistemas estén enlazados a centros de comando municipales o estatales, permitiendo monitoreo coordinado con autoridades y protocolos de atención rápida. Este modelo no solo incrementa la capacidad de vigilancia, sino que estandariza los tiempos de reacción. Cuando un centro de comando recibe un evento, puede alertar de inmediato a policías, unidades cercanas o personal directivo de la escuela, reduciendo la ventana en la que un incidente puede escalar.

La videovigilancia profesional aporta elementos adicionales que van más allá de ver una cámara. La calidad de imagen, el ángulo, la ubicación, la iluminación, la redundancia técnica y la capacidad de grabación determinan la utilidad real de un sistema. Una cámara mal colocada puede convertir un punto crítico en un punto ciego. Una grabación de baja calidad puede impedir identificar responsables. Un sistema sin mantenimiento se convierte en una pieza decorativa. La reforma, en su espíritu, busca precisamente evitar que las escuelas operen con equipos improvisados y avanzar hacia infraestructura que cumpla estándares reales de protección.

También es importante destacar que la videovigilancia mejora la transparencia interna. Permite documentar accesos, registrar incidentes, supervisar rutinas y garantizar la integridad de alumnos y personal. Su rol no es punitivo; es preventivo. Cuando los planteles están protegidos electrónicamente, el comportamiento general mejora, los riesgos disminuyen y la operación se vuelve más estable.

De infraestructura aislada a ecosistema conectado

El reto no es únicamente instalar cámaras, sino integrarlas en un ecosistema funcional. La conexión con un centro de comando implica que el sistema escolar debe contar con conectividad estable, energía redundante y canales seguros de transmisión. A nivel operativo, esta integración permite que un solo incidente active cadenas de respuesta con mayor precisión. Si una puerta se fuerza fuera de horario, un sensor detecta movimiento en un pasillo vacío o un vehículo no autorizado ingresa a la zona escolar, la alerta no se queda en una oficina interna; viaja a un centro que opera 24/7.

El beneficio para las escuelas es evidente. Los directores dejan de depender únicamente del personal físico y pueden operar con visión remota. Las autoridades tienen información para reaccionar y tomar decisiones informadas. Las aseguradoras pueden validar incidentes con mayor claridad. Los padres cuentan con mayor confianza en el entorno donde estudian sus hijos.

Sin embargo, un sistema conectado exige también disciplina operativa. Las cámaras deben mantenerse activas, actualizadas, alineadas con protocolos y revisadas constantemente. Una reforma que obligue a la videovigilancia también implica la responsabilidad de instituciones y proveedores para sostener su operación en el tiempo.

La propuesta de reforma a la Ley General de Educación representa un paso relevante hacia la protección física de los planteles educativos. La videovigilancia profesional conectada a centros de comando puede transformar la seguridad escolar y ofrecer una reacción inmediata ante riesgos reales. Si diriges una institución educativa o estás involucrado en la gestión de infraestructura escolar, te recomiendo consultar con un especialista en seguridad electrónica para diseñar un sistema adecuado al tamaño, operación y necesidades específicas de tu plantel.